ODH- ULA: Más de 30 víctimas no han recibido justicia en Mérida

El más reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) da cuenta de más de 30 casos en los que abogados de esta organización son parte, asisten o representan a las víctimas directas o por extensión, algunas de las cuales llevan más de dos años a la espera de justicia debido a retardos, negaciones e irregularidades en los debidos procesos judiciales. “Víctimas sin justicia: impunidad y violaciones de derechos humanos” es un informe que muestra la ausencia de Estado de derecho que hay en Venezuela en materia judicial.

Los casos expuestos en el referido informe son llevados por el Ministerio Público o diferentes tribunales del país. En ninguno de ellos ha habido respuesta ni acción judicial alguna, siendo que muchos constituyen graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado. En otros, como casos de ejecuciones extrajudiciales, el ODH-ULA ha documentado importantes violaciones de los procedimientos jurídicos.

Ministerio Público: institución fallida

El artículo 285 de la Constitución nacional establece las atribuciones del Ministerio Público, siendo las más esenciales las de garantizar los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales. También es obligación de esta institución velar por la celeridad de la justicia y el respeto al debido proceso, así como iniciar la investigación y ejercer la acción penal correspondiente frente a hechos punibles para contribuir con la determinación de la responsabilidad de los presuntos autores.

Sin embargo, los casos reseñados en el informe demuestran el incumplimiento por parte de los funcionarios del Ministerio Público con sus deberes constitucionales. En los más de 30 documentados, que se extienden desde abril de 2017 hasta agosto de 2019, el Ministerio Público no ha iniciado investigación penal alguna ni ha ejercido ninguna acción penal, aun cuando los casos no necesitan instancia de parte. Esto revela una deficiente capacidad por parte de este ente gubernamental para investigar y perseguir delitos, especialmente los relacionados con graves violaciones a los derechos humanos.

La falta de independencia laboral de los funcionarios de carrera del Ministerio Público constituye una de las limitantes en su accionar. En septiembre de 2018 la resolución N° 2703 de la Fiscalía General de la República estableció que todos los cargos de carrera de los funcionarios que prestan servicio en la Fiscalía se transforman en cargos de confianza, los cuales son de libre nombramiento y remoción. Como consecuencia de ello, esos funcionarios perdieron su estabilidad laboral y, por ende, su libertad para actuar sin temor a ser removidos de sus cargos. De los 2.214 fiscales que hay actualmente en el país, 1.471 son auxiliares, 740 son provisorios y solamente tres son titulares.

Impunidad que revictimiza

El equipo jurídico del ODH-ULA contabiliza dentro de los casos incluidos en el informe algunos con más de 30 meses a la espera de justicia. Un total de ocho denuncias introducidas por los abogados del ODH-ULA -entre abril de 2017 y agosto de 2019- ante el Ministerio Público, continúan a la espera de que se inicie la investigación correspondiente. Una de ellas agrupa a 18 víctimas que no tuvieron acceso a la salud en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula) durante el mes de julio de 2017 debido a la falta de insumos, medicamentos y equipos médicos. Por su parte, otros siete casos donde las víctimas son asistidas por abogados del ODH-ULA presentan retardo procesal en los tribunales.

Finalmente, cabe destacar el caso del estudiante universitario Erickvaldo Márquez, cuyo encarcelamiento se ejecutó sin realizar las pertinentes investigaciones rigurosas y oportunas. El ODH-ULA rechaza la celeridad demostrada en dicha detención mientras que para la concesión de justicia en los casos incluidos en el informe la característica recurrente sea el retardo procesal.

Este observatorio denuncia la falta de actuación de los órganos que deben procurar justicia, cuya consecuente impunidad constituye una política del gobierno de facto de Nicolás Maduro, aupando la repetición de los delitos y las violaciones a los derechos humanos. Las víctimas sin justicia que reseña este informe sufren una doble victimización, al no recibir oportuna y adecuadamente la atención jurídica que corresponde por parte del Estado.

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