Boletín Andino de Derechos Humanos

Protestas ciudadanas son castigadas con represión y cárcel en la región andina

En los estados Mérida[1], Táchira[2] y Trujillo[3], del 10 al 14 de mayo de 2020, se registraron, diez protestas ciudadanas debido a las constantes fallas de los servicios básicos[4]. Cinco protestas en el estado Trujillo y una en el estado Mérida fueron reprimidas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Detenciones arbitrarias

El 11 de mayo de 2020, se realizó la audiencia de presentación de siete ciudadanos que fueran detenidos el 08 de mayo de 2020, en el municipio Alberto Adriani, estado Mérida[5], por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Los siete ciudadanos fueron detenidos por participar en una protesta debido a las fallas del servicio eléctrico las cuales duraron más de 24 horas específicamente en el sector Aroa de ese municipio[6].

Los abogados de la ONG Foro penal denunciaron irregularidades en el proceso de detención debido a que los detenidos informaron haber recibido maltratos físicos y haber sido acusados del saqueo de un camión de comida que se hallaba lejos del lugar donde se encontraban protestando[7].

La Fiscalía del Ministerio Público les imputó los delitos de asalto a transporte de carga, segundo aparte, y agavillamiento, delitos que el Tribunal de Control admitió fijando como lugar de detención el Comando del destacamento Nº 222 de la GNB en El Vigía, municipio Alberto Adriani[8].

En el estado Trujillo, Lilibeth Juárez fue detenida en el municipio Pampanito por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por el solo hecho de tocar cacerolas en protesta por el aumento de los cortes del servicio eléctrico[9].

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) exige la liberación de los ciudadanos detenidos arbitrariamente, recuerda a los efectivos de seguridad del Estado que protestar no es delito y es un derecho que está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los Pactos Internacionales.

Suministro de combustible no atiende sectores prioritarios
El 11 de mayo de 2020 el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) denunció que funcionarios de la Defensoría del Pueblo, estado Mérida, no habían podido movilizarse hasta el Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA), donde desde el 09 de mayo de 2020 los privados de libertad iniciaron una protesta para exigir alimentos y medicamentos, por falta de combustible del vehículo institucional[10].

El 14 de mayo de 2020, a través de las redes sociales se supo que la ambulancia del Ambulatorio rural Tipo II de Mesa Bolívar, municipio Antonio Pinto Salinas, estado Mérida, quedó fuera de servicio por falta de combustible[11].

El 15 de mayo de 2020 productores del municipio Sucre denunciaron que se les niega el derecho a surtir combustible para transportar sus rubros[12].
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes exige se cumpla con el suministro de combustible y no sean discriminados por razones políticas los sectores prioritarios (áreas de la salud, seguridad, alimentación, farmacia, transporte público y servicios públicos) tal como se establece en la Resolución Extraordinaria N-. 0001 del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida (CLEBM)[13] mientras dure la cuarentena por el Covid-19.

Derecho a la información es violado durante la cuarentena en la región andina

El 13 de mayo de 2020, Laidy Gómez, gobernadora del estado Táchira, denunció que la Corporación de Salud y la Dirección de Epidemiología del estado, desde el 13 de abril de 2020, no reciben resultados de casos sospechosos de Covid-19, que son enviados al Instituto Nacional de Higiene (INH) en la ciudad de Caracas[14].

La denuncia se realizó debido a que el 10 de mayo de 2020, se anunció en cadena nacional desde la ciudad de Caracas la confirmación de nuevos casos en el estado Táchira[15], y ni siquiera los institutos de salud ni los representantes gubernamentales del estado tenían conocimiento.

Tenemos que conocer el detalle epidemiológico de los casos. Quiero denunciar que a esta hora la comunidad no sabe de dónde venían estas personas sobre las que habló el día domingo un vocero nacional. No se sabe con quién tuvieron contacto, dónde estaban domiciliadas antes de ingresar al CDI, qué familiares pudieron haber sido vulnerados antes de determinar que los casos son positivos”[16].

Laidy Gómez, gobernadora del estado Táchira.
El 12 de mayo de 2020, el periodista Gabriel Labrador fue hostigado por un funcionario de la alcaldía del municipio Alberto Adriani, estado Mérida, por referirse, en entrevista radial, al patrullaje de motorizados en diversos sectores del municipio en horas de la noche fuera del horario permitido[17] patrullaje que se usa para amedrentar y evitar que los ciudadanos protesten debido a las constantes fallas de los servicios básicos.[18].

El 02 de abril de 2020 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que la crisis por la pandemia Covid-19 debe ser un momento para fortalecer la libertad de expresión y el acceso a la información veraz, no debe prestarse para la restricción, la desinformación y la penalización[19]

Denuncian mal estado de alimentos que distribuyen en los Clap

El 13 de mayo de 2020, ciudadanos del municipio Rivas Dávila, estado Mérida, denunciaron que luego de tres meses sin el suministro del beneficio Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), la bolsa de alimentos contenía alimentos en estado de descomposición y con rastros de heces de animales[20].

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ha denunciado que los Clap no poseen la estructura formal de un programa alimentario y son un instrumento de control político y profundamente discriminatorio y desigual[21].

Médicos residentes del IAHULA no reciben pago desde enero de 2020

Al menos 85 médicos residentes del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), estado Mérida, no reciben los salarios completos desde que fueran contratados en diciembre de 2019[22].

Samuel Rivas, médico residente, denunció que en la Corporación de Salud del estado, ente encargado del pago de las nóminas, existen irregularidades e ineficiencia[23].

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) exigimos que se dé pronta solución al pago de las nóminas de los médicos residentes del IAHULA, personal que se ha mantenido trabajando ininterrumpidamente durante la cuarentena del Covid-19  y cuyo pago mensual es de Bs 1.000.000 (USD $6)[24], pago insuficiente que se reduce por los atrasos en la cancelación y por el proceso de inflación que se vive en Venezuela.

Cortesía Boletín Andino de Derechos Humanos

https://mailchi.mp/1ec3963949b0/boletn-andino-de-derechos-humanos-n-44

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